Sí, se puede. Los contratos privados, llamados así a diferencia de los públicos (estos últimos son los que se firman ante un notario), también tienen validez y completan la compraventa en lo que se refiere a cualquier cláusula permitida que se incluya en ellos y son perfectamente obligatorios para las dos partes.
Sin embargo, de acuerdo al sistema legal español estos contratos no tienen efectos para/contra terceras personas que desconozcan la existencia de esos contratos, tales como bancos, acreedores, Hacienda, demandantes, etc. Teniendo esto en cuenta puede puede verse lo importante que es que un contrato se haga “público”, y en España esto es posible por medio de una escritura notarial junto con la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad de la localidad en donde el inmueble esté situado. En virtud de esa escritura e inscripción no existe tercero que pueda alegar que el contrato carezca de efectos para/contra él.
En términos generales favorece al empleado puesto que en España existe una fuerte protección de los derechos del trabajador y de acuerdo al criterio de los juzgados de la jurisdicción laboral, muchas condiciones superiores en protección a las que podrían considerarse estándar llegan a aplicarse a los contratos que no definen formalmente las condiciones básicas, incluso si el empleador pensó que estaban acordadas verbalmente, tales como la duración del contrato, número de pagos salariales por año (12 frente a 14) etc. Nuestro consejo al empleador es suscribir siempre un contrato por escrito que establezca esas condiciones expresamente, especialmente las que a menos que sean pactadas por las dos partes tiene un nivel de protección superior para el empleado en los casos en que ambas partes no establecieron lo contrario.